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@jgonzalezok | La Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la llamada causa Vialidad. En pocas palabras, fue condenada por haber beneficiado al empresario Lázaro Báez, amigo personal y socio en diversos emprendimientos de los Kirchner, que durante 12 años ejecutó más del 90 % de las obras públicas de la provincia de Santa Cruz, feudo político de la entonces familia presidencial. Las obras se hicieron con sobreprecios, muchas ni siquiera se hicieron o no se completaron, aunque cobró hasta el último peso. Hasta la llegada de su amigo a la presidencia, Báez era un simple empleado bancario sin ninguna experiencia empresarial.
Las malas noticias no hacen más que empezar para Cristina Kirchner. Hay varios expedientes abiertos, en distintas etapas procesales, que pueden resultar en nuevas condenas
La ratificación de la condena por el máximo tribunal supone que la expresidenta deberá ingresar en la cárcel, aunque por su edad, 72 años, seguramente se verá beneficiada por la prisión domiciliaria. La condena definitiva llegó antes de que pudiera concretar su candidatura a diputada provincial en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, única forma de tener fueros y evitar la cárcel. Además, ella y los otros ocho condenados en la misma causa estarán obligados a devolver al Estado 85.000 millones de pesos, más de 62 millones de euros a la cotización actual.
Con Cristina Kirchner presa -aunque sea prisión domiciliaria-, su liderazgo político entra en un declive inevitable. Las imágenes que vamos a ver estos días, con movilizaciones de apoyo más o menos impresionantes, pueden ser engañosas. Es conocida la capacidad de movilización del peronismo, fundamentalmente a través de los sindicatos, pero no es viable mantener dicha dinámica durante mucho tiempo.
La ambición de equiparse con Perón, cuando fue derrocado en 1955 no resiste el menor análisis. En aquel momento Perón cayó por un golpe militar que llegó a fusilar y a proscribió a todo el peronismo. La decisión de Cristina Kirchner de seguir ejerciendo el liderazgo a la manera tradicional del peronismo, de manera vertical, unipersonal y a menudo brutal, se venía poniendo en duda ya en las últimas semanas, cuando estaba en juego la confección de las listas para las elecciones parlamentarias en la provincia de Buenos Aires. El gobernador, Axel Kicillof, un antiguo protegido de Cristina, entró en ruta de colisión con la exmandataria y con su guardia pretoriana de La Cámpora. Kicillof tiene ambiciones presidenciales y, aunque parezca un líder endeble, tendría más posibilidades que Máximo Kirchner, sin talla política y cuyo único activo es ser hijo de dos presidentes.
La decadencia del peronismo es un fenómeno que tal vez no sea permanente, como se demostró en otras etapas. Pero la estrella de Cristina Kirchner viene apagándose en los últimos años, conservando un núcleo duro en la agrupación interna de La Cámpora. Bajo el liderazgo de la exmandataria, el peronismo perdió cinco de las últimas seis elecciones, una presidencial y cinco parlamentarias; solo logró vencer en 2019, al imponer una fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández, con ella misma de vicepresidente, con las consecuencias de todos conocidas.
Aún se desconocen las condiciones de la prisión de la exmandataria, aunque nadie duda que se le permitirá acceder a la domiciliaria. Ella pidió que no se le coloque tobillera electrónica, cosa que también es posible que consiga, dado que en todo momento estuvo a disposición de la Justicia. Y pidió que se le mantenga la custodia personal como expresidenta, que también se da por seguro. Pero, desde el punto de vista político, lo que tiene más importancia es el régimen de visitas que se le permitirá. Su hijo Máximo tiene la doble condición de familiar y diputado, por lo que puede ser un enlace con la militancia y con los otros dirigentes. Pero ella aspira a convertir su domicilio en una nueva Quinta 17 de octubre, la residencia en el barrio madrileño de Puerta de Hierro de Perón, donde recibía a todo el mundo y desde donde mandaba cartas y mensajes grabados a su gente en Argentina, marcando la agenda política del país. Y eso la Justicia puede no estar dispuesta a concederle.
El domicilio legal de Cristina Kirchner está a 2.500 kilómetros de Buenos Aires, en la ciudad patagónica de Río Gallegos. Es un chalet de casi 900 metros cuadrados, pero no cumpliría con las condiciones necesarias para desarrollar su actividad política. En Buenos Aires, donde vive habitualmente, tiene numerosas propiedades en Puerto Madero y Recoleta, barrios privilegiados en la capital argentina. Aunque en los últimos meses se mudó al barrio de Constitución, en el sur de la ciudad, donde vive su hija Florencia.
Los problemas de la expresidenta argentina con la Justicia vienen de larga data. De hecho, la causa Vialidad comenzó con una denuncia en noviembre de 2008, al comienzo de su primer mandato. Estando en el poder intentó de maneras diversas controlar al Poder Judicial, contando con la ayuda de numerosos jueces y fiscales, que integraron la Agrupación Justicia Legítima, de expresa militancia kirchnerista, cuya figura principal fue la entonces Procuradora General de la República (jefa de los fiscales), Alejandra Gils Carbó. Pero no logró su objetivo.
La causa Vialidad, por la que ahora fue condenada, transcurrió por varias fases, en las que intervinieron más de 40 jueces y casi 50 fiscales, la mayoría de los cuales fueron designados durante los gobiernos de los Kirchner (2003-2015). De los tres jueces del Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia, uno fue nombrado en el gobierno de Néstor Kirchner, mientras que los otros dos lo fueron por Mauricio Macri, pero uno había sido ministro de Justicia de Néstor.
El fiscal Diego Luciani, el último que intervino en la causa denunció en unas jornadas sobre el papel del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción: “Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del presidente de la Nación (en ese entonces el peronista Alberto Fernández), de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola (el otro fiscal), fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y amedrentarnos”.
La expresidenta no aprovechó en ningún momento del proceso hacer una defensa de su conducta. Simplemente se declaró perseguida política, posiblemente por la imposibilidad de contrarrestar las pruebas aportadas. Se podría decir que no fue víctima del lawfare, ni de una conspiración de los medios o los poderes concentrados, sino del Código Penal. Buena parte del peronismo no acepta que una de las características de una democracia de calidad es la rendición de cuentas y que nadie está por encima de la ley.
Y las malas noticias no hacen más que empezar para Cristina Kirchner. Hay varios expedientes abiertos, en distintas etapas procesales, que pueden resultar en nuevas condenas. El caso conocido como Cuadernos, en el que un ex chofer de un alto cargo del ministerio de Planificación fue anotando día a día cómo se recaudaban bolsos con euros y dólares de empresarios beneficiados por licitaciones públicas, puede tener una pena de entre 6 y 16 años de prisión. El conocido como Hotesur-Los Sauces (por el nombre de dos de los hoteles de la familia), en el que empresarios amigos alquilaban ficticiamente todas las habitaciones, también tiene una pena posible de entre 4 y 16 años de cárcel. Estos son los dos principales casos de corrupción, aunque hay otro importante, el del Memorándum de entendimiento con Irán, en el que el fallecido fiscal Nisman la acusó de encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que provocó 85 muertos.
